miércoles, 24 de diciembre de 2014

DISCURSO DEL REY CENSURADO POR EL GOBIERNO



Felipe VI

En esta noche tradicionalmente entrañable, es mi deseo transmitíos algunos sentimientos como Rey de España. Es de público conocimiento que he heredado la institución monárquica, con algunos aspectos nada despreciables, que ponen en duda la misma legitimidad del Rey, aunque así lo establezca la Constitución Española de 1978.
Es mi voluntad desde la independencia que me otorga la Jefatura del Estado, a título personal, expresar mi opinión llenando lagunas históricas que espero colaboren a la reconciliación de todos los españoles:
En primer lugar no veo motivo legal para no reconocer a la II República Española, con la misma legitimidad que nuestra actual Carta Magna, y celebrar el 14 de abril como fecha histórica a conmemorar.
El Rey de España no puede permanecer ni un día más sin condenar el golpe de estado de 1936 y la dictadura padecida por España de 1939 a 1978. De este modo la Corona se autoexcluye de las opciones políticas que no lo hacen.
Por este motivo de igual forma que el Rey recibió a todas las víctimas del terrorismo, está decidido a escuchar  a todas las organizaciones que representan la Memoria Histórica.
Aunque el Rey de España no tiene opción política, Felipe VI sí tiene sensibilidad humanística percibida por la época que le toca vivir. Y contempla como un ciudadano más, que la política y la Constitución han dejado de estar al servicio de los españoles. Para ello insto al Gobierno a que gobierne escuchando al pueblo cuando reclama la resolución de sus miserias: hambre, paro, desahucios, falta de asistencia médica, educación cercenada y muerte…
Ante el procesamiento de la infanta Cristina, mi voluntad es dejar a la justicia que siga con la impecable instrucción judicial emprendida.
Deseo ser un rey constitucional pero no un rey mudo e insensible ante las adversidades que padecen los hombres. El rey reina pero no gobierna, pero está al servicio de los ciudadanos y no pretende estar amordazado por el Gobierno de turno.
A todos, felices fiesta y feliz año 2015.  

Por Pedro Taracena Gil





domingo, 21 de diciembre de 2014

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO VERSUS FISCAL GENERAL DEL GOBIERNO


Por Pedro Taracena

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931






Artículo 97. El Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General de la República estarán agregados, de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión Parlamentaria de Justicia, sin que ello implique asiento en la Cámara.
Artículo 104. El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.
Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración de Justicia.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978




Artículo 124.
1. El Ministerio Fiscal, sin prejuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
Este artículo dispone de 4 apartados, en todos ellos se refuerza la legalidad e imparcialidad, pero el tercer apartado dice que: La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Y aquí es donde al margen del espíritu constitucional, el Fiscal depende jerárquicamente del Gobierno.





Cada día nos despertamos con un nuevo caso de corrupción generalizada, por mucho que quiera mantener el Partido Popular y el Gobierno que la corrupción no está entre sus filas, sino que está en los ciudadanos, como si los populares fueran extranjeros. Pues del mismo modo Rajoy nos comunica un embuste diario engordando la gran mentira sobre la cual se cimenta su política. El fiscal General del Estado ya venía denunciando presiones por parte del Gobierno, que cercenaban su independencia del Ejecutivo. Pero la alusión del propio Eduardo Torres-Dulce, que en el escrito en el cual presenta su dimisión alude a cuestiones personales, el Gobierno aprovecha torticeramente para desligar que haya sido su persona la que se haya visto directamente afectada por la presión de Rajoy y de sus secuaces. Es decir que esa cuestión personal puede ser cualquier afección menos la presión directa ejercida sobre su persona por la jerarquía a la cual debe obediencia. El que el Fiscal dependa del Gobierno no quiere decir que siendo legal sea justo y menos constitucional. Fue una cuestión metida con calzador para adaptar los preceptos de la Constitución a La Casta. Hablar de La Casta es lo mismo que hablar de los responsables de la Santa Transición en connivencia con la tutela franquista y del nacionalcatolicismo.





Para los socialistas está siendo cada instante más insoportable el evitar la ruptura del pacto consensual de la Transición. Los errores cometidos por el bipartidismo a lo largo de estos treinta y seis años, ahora hacen insostenible el presentarse ante el pueblo que viene marchando desde el 15-M bajo el lema de: “No nos representan” y “Democracia real, ya”. La corrupción y el fraude constitucional están provocando una huida hacia adelante buscando complicidad entre todos los miembros de La Casta, contra PODEMOS. Utilizando la descalificación y la calumnia. Tachando sus políticas de demagogia y populismo. De antisistema, comunistas de extrema izquierda, chavistas bolivarianos y castristas. De todas formas La Casta sabe que estos argumentos son menos contundentes que si hablamos de políticas criminales que causan muertes.  De violadores de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución. De mutiladores del principio universal de la justicia. De haber dado prioridad a la deuda soberana dejando al pueblo en la miseria, el hambre, el paro, el desahucio y la muerte.





Pero ellos, los de La Casta, saben que tienen los días contados y todo es posible, todo puede cambiar y otras alternativas tienen que asistir a la Europa de los Mercaderes. Cada vez aumenta más la gente que milita en las mareas del Arco Iris. El pueblo no necesita la experiencia de gobierno que tienen los políticos de la transición. Yo personalmente y muchos otros ciudadanos exigimos que esta nueva generación de políticos tengan la oportunidad de cometer sus propios errores durante otros treinta y seis años… Eso sí, con una Constitución reformada al margen del franquismo: libre, laica y democrática y si el pueblo lo quiere, republicana.






domingo, 14 de diciembre de 2014

MANIFIESTO POR UNA DEMOCRACIA SOBERANA



ESCULTURAS PARA EL RENACIMIENTO


Publicado en: dic 13 2014 - 11:36am por IDP

Los abajo firmantes, miembros de IU con una larga ejecutoria de militancia en la misma, nos dirigimos tanto a nuestra organización como al resto de organizaciones, políticas, sociales, colectivos, plataformas y movimientos que luchan por cambiar la situación económica, social y política de nuestro país. Y lo hacen en aras de un horizonte de Derechos Humanos plenos y generalizados a toda la población española. También nos dirigimos de una manera especial al conjunto de la ciudadanía que, sin estar organizada, comparte la necesidad de implicarse en esta situación de excepcionalidad y desea aportar su esfuerzo a la tarea común de buscar salida a este estado de postración en el que vivimos. Partimos de la convicción de que es urgente poner en marcha un proceso de amplísima base popular capaz de abordar inmediatamente la satisfacción de las necesidades más urgentes de la población a la vez que siente las bases para un proyecto de regeneración nacional mediante el impulso de un proceso constituyente que ponga los fundamentos sobre los que asiente un proyecto económico, social, político y ético que la mayoría social haga suyo.





La situación de emergencia nacional, agravada por la crisis sistémica del capitalismo, se manifiesta en los grandes problemas históricos que la Transición y el régimen salido de ella no han resuelto y que ahora se presentan de manera perentoria: la consecución de un Estado Social y Democrático de Derecho, la construcción de un Estado capaz de servir como marco común de convivencia, justicia, solidaridad y garantías democráticas a las naciones y territorios que componen España, la plasmación efectiva de un Estado laico y la explicitación expresa de la voluntad de la soberanía nacional en torno a la forma de Estado: República o Monarquía.




Esta coyuntura que acabamos de describir referida a los problemas seculares no resueltos, se agrava como consecuencia de cinco procesos de creciente degradación a lo largo de las últimas décadas: la pérdida de Soberanía Nacional como consecuencia de la cesión de la misma a entidades e instituciones de la UE que, carentes de origen democrático, imponen políticas económicas atentatorias contra los derechos y principios reconocidos en la Constitución. Las decisiones y directrices de organismos internacionales (FMI, OCDE, BCE, BM) que, de manera hipócrita, lamentan las consecuencias sociales de las políticas que imponen pero continúan exigiéndolas con insistencia. La pérdida de horizonte y de futuro para la juventud española, una pérdida que supone la desaparición progresiva de España como sociedad con entidad propia sin que, a cambio, se instituya un poder político trasnacional que garantice lo que la Constitución reconoce. La entronización de la corrupción como un hábitat económico, mental y de contravalores en la que un Estado paralelo de mafias se ha instalado en los tres Poderes del Estado oficial y en las más altas magistraturas del mismo. Y por último las inminentes consecuencias del Acuerdo Transatlántico de Comercio (TTIP en siglas inglesas) en que con tanto sigilo y oscuridad están negociando USA y la UE. Unas consecuencias que afectarán a pymes, comercio minorista y trabajadores en general porque los intereses de la mayoría se subordinan a una concepción de la sociedad inaceptable.




Afortunadamente y de un tiempo acá, la anomia social y el desinterés que como caldo de cultivo han promovidos tanto por el discurso oficial como por los mecanismos de reproducción ideológica dominantes, se han ido transformando en una creciente contestación social organizada de una y mil maneras diversas que han conseguido, aunque todavía sin la cohesión necesaria, establecer una situación en la que el orden del día ya no está dictado unilateralmente por las iniciativas del poder y su plasmación política: el bipartito y adheridos coyunturales. En este proceso de creciente auto-organización cívica se contiene el germen de la energía que con la de otras instancias sociales, políticas y culturales pueda poner en marcha y desarrollar el proceso constituyente al que ya aludimos y que no es otra cosa que la formación de un contrapoder popular como alternativa de Estado plenamente democrático.




Saludamos y sentimos como algo propio las expectativas electorales que se abren para determinadas fuerzas políticas que comparten con nosotros los mensajes de cambio, de transformación, de construcción de otro país democrático, justo, ético y digno. Pero, y precisamente por ello, nos sentimos obligados a hacer una reflexión que conduce a una propuesta. El Poder y su expresión política, el bipartito, saben perfectamente que los triunfos electorales pueden ser flor de un día si tras ellos no hay una fuerza cívica cohesionada que traduzca la victoria electoral conseguida en Poder cívico que se erija en la Constitución Material capaz de culminar el proceso constituyente. Y esa precisamente es la motivación que nos mueve al redactar estas líneas. En consecuencia:




Hacemos un llamamiento a nuestra fuerza política, a las demás fuerzas que compartan con organizaciones, movimientos, plataformas, frentes, colectivos, etc. el proyecto de cambio democrático profundo. Un cambio democrático que no lo será sin transformaciones en la economía, en el funcionamiento de las instituciones, en la política internacional, pero sobre todo, si no se acometen de inmediato medidas que palien la dramática situación de una mayoría de españoles y españolas. Sobre ese cañamazo de medidas urgentes, inmediatas, perentorias se debe tejer la fuerza social que, en su momento, lleve al cambio con un Estado Federal Republicano y Solidario y con una Soberanía Nacional recuperada y ejercida en todos los ámbitos.




No pretendemos, porque no confundimos los deseos con las realidades, promover una alianza electoral inmediata en torno a un programa de regeneración en todos los órdenes, pero sí creemos que desde ya puede procederse a poner a punto una sintonía que en momento la haga factible. Pero si aún esto no fuera, por desgracia, posible, se debería llegar a un acuerdo explícito para el día siguiente del hecho electoral. Para ello se hace imprescindible que todas las fuerzas y colectivos referenciados, absolutamente todos, pongan sus esfuerzos en paralelo con el compromiso de que tras el acuerdo, la negociación y, con la vista puesta en lo que nuestro pueblo demanda, se concrete la base económica, social, política y ética inherente a los contenidos del proceso constituyente.




De la misma manera hacemos un llamamiento a la ciudadanía que no milita aún, no participa o simplemente tampoco asiste a la convocatoria de actividades ciudadanas tendentes a resolver los problemas que nos afectan, para que cambie de actitud y considere que ahora o nunca. El futuro de los hijos y nietos así como el nuestro propio, no pude descansar sobre los hombros de los más concienciados sino de la inmensa mayoría que sufre la situación.




Pero no sería de recibo ni honesto tampoco, el que nos limitásemos a demandar a los demás un esfuerzo y una capacidad de supeditar los intereses particulares al interés general de la mayoría social si por nuestra parte no diésemos ejemplos. En IU se ha iniciado un proceso de cambio que todo el mundo considera necesario. La política de confluencia y convergencia aprobada desde hace tiempo es justa y acorde con los tiempos. Sin embargo se imponen dos medidas que, a nuestro juicio, darán credibilidad y profundidad a nuestra política, por una parte, y por otra nos darán la autoridad moral para pedir a los demás la que en este escrito demandamos. La primera consiste en simultanear el desarrollo de la política de convergencia con la renovación de la direcciones en todos los niveles y al ritmo conveniente. La segunda no es otra que poner fin al gobierno conjunto en Andalucía y marcar con más claridad nuestra condición de oposición en Extremadura. Si se abomina del bipartito, por las razones que todos compartimos, la existencia de situaciones que desmienten en los hechos nuestras críticas, no puede ayudar a pedir a los demás lo que le estamos pidiendo en orden al cambio profundo.




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(*) Primeros firmantes: Julio Anguita González, Ramón Franquesa Artés, Antonio Herreros Herreros, Héctor Illueca Ballester, Sebastián Martín Recio, Manuel Monereo Pérez, Pedro Montes Fernández, Diosdado Toledano González. Javier Aguilera Galera, Pedro Antúnez Marín, Mariano Aragón Pascual, David Arrabalí Campos, Andoni Basterra Urrutia, Javier Bernad Aguilar, Víctor Casco Ruiz, Manuel Colomer i Lluch, Jorge Cortegana López, Yolanda Diaz Pérez, Albert Escofet Sánchez, Rafael Escudero Alday, Santiago Fernández Vecilla, Jorge García Castaño, Margarita González Jubete, Alberto Herbera López, Pedro Jiménez Muñoz, Salvador Jové Peres, Antoni Luchetti Farré, Jose Manuel Martín Medem, Hugo Martínez Abarca, José Martínez Coy, Encarna Milla González, Neus Molina Moreno, Agustín Moreno García, Rosana Montalbán Moya, María Dolores Nieto, Araceli Ortiz Arteaga, Gumer Pardo i Peiró, Carmen Pérez Carballo, Franz Pérez Esteban, Pepa Polonio Armada, Clara Rivas Sugrañes y Enrique Santiago Romero.


jueves, 20 de noviembre de 2014

CORREN VIENTOS REPUBLICANOS II



RAFAEL NARBONA


PODEMOS COMO ALTERNATIVA DE GOBIERNO




Pablo Iglesias, líder de Podemos

Podemos ya es un partido político, con un liderazgo indiscutible y un programa económico en ciernes. Su ascenso ha sido fulgurante y polémico. Encarna la esperanza de un cambio, pero también infunde miedo y preocupación en ciertos sectores de la sociedad. No está de más recrear su peripecia y plantearse seriamente qué alternativas propone para salir de la crisis y acabar con la corrupción política e institucional. El panorama no puede ser más desolador: un 24% de paro (en el caso de los menores de 25 años, sube hasta el 54%), un ritmo creciente de desahucios (aumentaron en un 17% los primeros seis meses de 2014, de acuerdo con la estadística publicada por el Banco de España), recortes sociales, sanitarios y educativos que no han mejorado el déficit público (de hecho, cada vez está más cerca de superar la barrera del 100%), una caída de las exportaciones que ha duplicado el déficit comercial, una reforma laboral que no ha creado empleo y sí ha precarizado las condiciones de trabajo, una alarmante tasa de suicidios –la primera causa de muerte violenta en España desde 2012- y unos niveles intolerables de pobreza infantil, según los informes de Cáritas. Tres millones de niños sufren malnutrición (apenas comen pescado, carne o fruta), pasan frío o calor en viviendas insalubres y dependen de organizaciones humanitarias para conseguir ropa y material escolar. Muchos han sufrido la experiencia traumática de un desahucio o se han quedado sin luz, agua o calefacción, porque su familia no ha podido pagar los recibos. En la UE, solo Rumanía nos supera en pobreza infantil. En un estudio de Unicef sobre el impacto de la crisis en 41 países de la OCDE, España aparece como el tercer país desarrollado donde más ha crecido la pobreza infantil desde 2008, solo detrás de México y Estados Unidos. No es casual que los tres países hayan aplicado las políticas neoliberales recomendadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las agencias de calificación (Standar & Poor’s, Moody’s, etc.), el Consejo de Europa y el Banco Central Europeo. ¿Significa eso que el poder político y económico se han equivocado con sus recetas o, simplemente, se ha recrudecido la lucha de clases? ¿Está el poder en manos de los gobiernos o de las grandes corporaciones empresariales, casi siempre bancos que han creado una compleja trama de inversiones para controlar todos los nichos de la economía mundial, incluidos los sectores estratégicos?




En sus inicios, Podemos se presentó como una plataforma concebida para aglutinar a la izquierda. Su intención era aprovechar la movilización ciudadana del 15-M, canalizando el anhelo de un nuevo modelo político y social. Su ambigüedad inicial no es tan grave como su punto de partida. El 15-M reivindicó la desobediencia civil no violenta, pero la estrategia pacifista perdió credibilidad como herramienta de transformación, cuando el poder político respondió a las manifestaciones con un incremento de la represión policial, sin desviarse de su política de “reformas”. Lejos de prosperar, los brotes bordes se marchitaron y el malestar social se transformó en ira (por ejemplo, en el barrio burgalés de Gamonal). La izquierda radical y el independentismo aprovecharon la ocasión para impulsar sus viejas consignas. Se empezó a reivindicar la figura de Stalin, ignorando sus crímenes y, lo que es peor, se pasó por alto que el comunismo no es una filosofía democrática, sino una ideología totalitaria, cuya meta es la dictadura del proletariado o, más exactamente, la dictadura de un partido único, con un feroz aparato represivo. Stalin no se desvió del comunismo. Simplemente, siguió los pasos de Lenin, que creó la Checa para exterminar a sus adversarios. En todos los países donde triunfó la supuesta revolución del proletariado, se reprodujo el mismo guión. Con el comunismo en el poder, la violencia adquirió el rango de terror institucionalizado. Es descorazonador que a estas alturas haya que recordar los crímenes de la antigua URSS, la Camboya de Pol-Pot o la Cuba de Fidel Castro. Los crímenes del comunismo no excusan los crímenes del fascismo. Solo revelan que surgen de la misma filosofía totalitaria, donde el Estado no está sujeto a la división de poderes, el pluripartidismo, el sufragio universal o los tratados internacionales sobre derechos humanos. Los actuales líderes de Podemos (Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero) nunca han sido comunistas revisionistas, pero flirtearon con ese mundo, elogiando la Revolución bolivariana, mostrando su simpatía hacia el Che y apoyando los procesos soberanistas del País Vasco y Cataluña. Es evidente que ahora desean distanciarse de esos gestos que deforman grotescamente su incipiente programa político y constituyen un indeseable punto de partida.




En cambio, creo que fue un acierto rescatar el concepto de patriotismo, entendido como preocupación por el bien común y legítimo aprecio por los logros de nuestra cultura. Tanto Iglesias como Monedero han manifestado el deseo de que Cataluña y el País Vasco no se separen del Estado español, pero al mismo tiempo han declarado que no frenarán los procesos de autodeterminación. En 1976, Felipe González habló en el frontón de Eibar y finalizó su mitin con un “¡Gora Euskadi Askatuta!”. Afortunadamente, prevaleció la sensatez y cuando llegó al poder dejó bien claro que el límite de la autonomía había quedado fijado en el Estatuto de Guernica. Presumo que Iglesias hará el mismo recorrido, si consigue la presidencia y no pierde el sentido común. No es improbable que se ensaye la vía federalista, también defendida por el PSOE, pero sería un gravísimo acto de irresponsabilidad ceder al chantaje nacionalista, que se mueve por emociones primarias, una burda falsificación de la historia y una bochornosa insolidaridad con las regiones más deprimidas. No creo que haya “explicaciones políticas” para la violencia de ETA, que ha envenenado la mente de varias generaciones de vascos, asfixiando los sentimientos más elementales de compasión y respeto por la vida ajena. Iglesias debería rectificar y dejar clara su oposición a cualquier forma de violencia política. La democracia no funciona sin cierto conocimiento de la historia. El Che no era un adalid de las libertades, sino un carnicero que cometió crímenes de guerra en Sierra Maestra y en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, donde –según la biografía de John Lee Anderson- ordenar fusilar al menos a 550 personas, después de una farsa judicial. Argala no era un valiente gudari, sino uno de los arquitectos de una organización criminal que asesinó a militares, jueces, policías, periodistas, concejales, simples trabajadores e incluso niños. Podemos acertó al combatir la vieja división entre izquierdas y derechas, estableciendo una nueva distinción: demócratas y no demócratas. Pues bien, debería añadir que ETA siempre se alineó con los no demócratas. Aunque haya finalizado su actividad armada, no se debe permitir que escriba el relato de un pasado manchado por sus crímenes.




Hablando de relatos, considero un disparate utilizar la expresión “régimen del 78”, como si la Transición y la Constitución fueran culpables de la actual crisis económica o una simple continuación de la dictadura franquista. La Constitución es una herramienta esencial para mantener la unidad de España, sin excluir unas razonables dosis de autonomía regional. Asimismo, posee la elasticidad necesaria para permitir distintas políticas económicas. Cada vez se habla más de la reindustrialización de España y de un New Deal europeo. La Constitución no es un obstáculo para articular una política expansiva, con inversiones estatales y programas sociales orientados a combatir el paro y la exclusión. Podemos se mueve en el espacio del centro izquierda, al igual que Syriza, pese a que la formación griega se presente como una Coalición de la Izquierda Radical. Si llegan al poder no traicionarán a sus electores. Simplemente, serán posibilistas, como lo fueron los políticos de la Transición española. No convertirán Grecia o España en una nueva Cuba. La deuda se renegociará y tal vez se acuerde una quita, reestructurando los pagos, pero no se dejará de pagar, pues ningún país puede prescindir del crédito internacional y la confianza de los mercados de capitales. La Renta Básica de Ciudadanía quizás no es viable, pero sí una Renta Mínima de Inserción que evite el escándalo de la pobreza y la marginación. El verdadero reto será diseñar y ejecutar una política económica capaz de crear riqueza y empleo, garantizando unos servicios públicos sostenibles.


Si gana las elecciones generales, el día de después será abrumador para Podemos, pues ha generado unas expectativas tan grandes que pagará muy caro cualquier error o cualquier decisión que le aparte de sus promesas. Además, su radio de acción es limitado, pues ningún gobierno puede controlar el BCE ni erradicar los paraísos fiscales. Por otro lado, ¿qué sucederá si gobierna y la economía no mejora? ¿Se producirá un estallido social? ¿Se recuperará el bipartidismo y volverá el juego de la alternancia? ¿Cundirá la apatía o la ira? La respuesta –creo- está más allá de nuestras fronteras. Si el proyecto europeo no quiere desembocar en un indeseable fracaso, deberá hallar la forma de integrar e ilusionar a todos los ciudadanos. La democracia se vuelve muy vulnerable, cuando la miseria y la desesperanza se convierten en males crónicos. Solo hay que mirar hacia atrás para saber que el huevo de la serpiente se incuba en esos escenarios. Alguien ha dicho que Pablo Iglesias es un peligro para la democracia. Yo creo que el verdadero peligro es un capitalismo salvaje que propicia la pobreza y la desigualdad. Le cedo la palabra a una voz con una indudable autoridad moral: «Hoy tenemos que decir “no a una economía de la exclusión y la inequidad”. Esa economía mata. […] Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. […] Hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión». No son las reflexiones de un antisistema, sino del Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium del 24 de noviembre de 2013. Ha transcurrido un año desde entonces y, desgraciadamente, nada indica un cambio de tendencia en las directrices de la economía mundial.




Fotos: Pedro Taracena Gil


CORREN VIENTOS REPUBLICANOS I

“¿ES PODEMOS UNA ALTERNATIVA DE IZQUIERDAS?”, artículo de Rafael Narbona



Ser impopular no es una desgracia, sino una filigrana del destino, que trenza los hilos necesarios para despertar la ira y la incomprensión ajenas. A veces sucede de forma aleatoria, demostrando que el azar es la ley última del universo, pero en otras ocasiones la temeridad y la incontinencia verbal se conciertan involuntariamente para desencadenar una avalancha de hostilidad. En mi caso, el incontrolable impulso de expresar dudas, objeciones y matices me han atraído simpatías y antipatías. Aunque las primeras han sido más abundantes –pero no multitudinarias-, las segundas han resultado particularmente insidiosas y han incluido varios linchamientos virtuales. No me atribuyo ninguna importancia. Mi currículum –horrible palabra- se puede resumir en unas pocas líneas. Solo soy un profesor de filosofía jubilado anticipadamente por enfermedad. He publicado un libro, cerca de 500 artículos en papel –la mayoría de crítica literaria- y otros tantos en un blog, cada vez más orientado hacia la política, una fuente inagotable de disgustos, pero también una obligación ciudadana, especialmente en una época con paro masivo, desahucios, pobreza infantil, suicidios y agresivos recortes en sanidad, educación y pensiones. En el benévolo verano de 2014 (hasta ahora con unas temperaturas menos extremas que años anteriores), me atrevo a expresar nuevas objeciones sobre Podemos y su mediático líder Pablo Iglesias, sin ignorar que no contribuirán a concitar simpatías y tal vez alimentarán las reacciones intempestivas.

¿EL FIN DEL MODELO ASAMBLEARIO?





Podemos es un proyecto político, pero algunos de sus seguidores parecen fervientes devotos que interpretan cualquier crítica como una intolerable profanación. Podemos nació como una plataforma cívica concebida para aglutinar a la izquierda, reivindicando el modelo asambleario del 15-M, pero su borrador sobre sus principios organizativos coinciden con los de cualquier partido tradicional, salvo en algunas cuestiones formales. Una cúpula de entre 10 o 15 personas marcará las grandes líneas políticas. Aunque se autodenomina “consejo de coordinación”, su composición y funciones apenas difieren de las ejecutivas del PSOE o IU o del comité de dirección del PP. Un “consejo ciudadano” compuesto por 80 miembros será elegido por una “asamblea ciudadana” convocada cada tres años, a la que podrán asistir todos los militantes del partido. No advierto ninguna novedad respecto a los congresos de las restantes formaciones políticas. En el borrador presentado, se promueve la figura del militante online como militante de base, que manifestará su acuerdo o desacuerdo de modo no presencial en la mayoría de los casos. El portavoz del partido será elegido por votación electrónica y su mandato durará tres años. Se podrá revocar mediante un referéndum con el aval del 30% de los militantes. La votación para elegir al secretario general del PSOE ha logrado la participación del 52% de su militancia. No será fácil reunir el voto de un 30% de los militantes no presenciales de Podemos, lo cual garantiza que el portavoz será difícilmente revocable. Los militantes de Podemos recibirán una clave electrónica para ejercer su voto por medio de internet. El “consejo ciudadano” escogerá “los procedimientos para la elaboración de listas electorales” y decidirá sobre posibles alianzas con otras fuerzas políticas afines. En los órganos de dirección, no habrá cuotas territoriales, sino áreas temáticas, con mayor o menor peso específico. De este modo, se pretende conjurar la influencia de las baronías sobre una estructura centralizada.
Es evidente que algo ha cambiado en una agrupación política con poco más de cuatro meses de existencia. Ya no se pide “todo el poder para los círculos”, pues los círculos no tendrán delegados, sino portavoces rotativos, lo cual debilita escandalosamente su margen de maniobra. El modelo asambleario queda atrás, al igual que los planteamientos más revolucionarios expresados por Pablo Iglesias en su época de presentador televisivo. Ya no se habla de salir del euro, nacionalizar la banca y los sectores estratégicos, suspender el pago de la deuda, establecer sistemas de control para evitar la fuga de capitales (es decir, crear un corralito) y reconocer el derecho de autodeterminación a los pueblos del Estado español. Se atribuye la sobreexposición mediática de Pablo Iglesias a su capacidad de incrementar las audiencias, pero cuesta trabajo creer que los grandes grupos empresariales (como Mediaset, Atresmedia o Mediapro) presten sus cadenas televisivas y sus diarios digitales a un joven político simplemente porque representa “un soplo de aire fresco”.

UN PROGRAMA AMBICIOSO, PERO NO NOVEDOSO


En sus inicios, Podemos se presentó “con la mano tendida a todos”, especialmente a Izquierda Unida y todas las fuerzas de izquierdas y movimientos sociales que luchaban contra las políticas de austeridad. Su propósito era poner en marcha “un verdadero proceso de unidad”, donde confluyeran formaciones como IU, las CUP o el SAT. Sin embargo, ahora parece que prefiere avanzar en solitario, distanciándose de IU e Izquierda Anticapitalista. Circulan muchos rumores que es imposible verificar. Algunos apuntan que Podemos nació para restar votos a IU. Otros sostienen que el auge de Podemos servirá de pretexto para que los votantes del PP y el PSOE acepten un pacto contra natura, capaz de frenar “el populismo chavista y filoterrorista de Podemos”. No voy a negar que simpatizo con las propuestas básicas de Podemos: derecho a una renta básica, derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución (que prioriza el pago de la deuda), interrupción de los desahucios, consideración del suministro de luz, agua y calefacción como un derecho inalienable, limitación salarial y temporal (dos legislaturas) de los cargos públicos, tipificación del delito fiscal a partir de 50.000 euros de cuota defraudada, prohibición de acumular cargos públicos, despenalización de la ocupación de viviendas vacías de bancos, cajas, inmobiliarias o promotoras por familias o personas en situación de vulnerabilidad, prohibición de los CIEs, anulación de los programas contra la inmigración y eliminación de las vallas fronterizas anti-persona, celebración de un referéndum vinculante sobre la salida de España de la OTAN, rechazo a las intervenciones militares en la resolución de conflictos internacionales, prohibición del copago sanitario y farmacéutico, protección del medio ambiente, protección de los derechos de los animales (que incluiría la prohibición de la tauromaquia y el tráfico de especies exóticas o en peligro de extinción). No se me ocurre ninguna objeción a este programa, pero creo que apenas difiere del programa de IU, mucho más explícito cuando afirma que los planes de ajuste solo son una medida para recomponer la tasa de ganancia de un capitalismo en crisis. IU describe la situación actual como “un golpe de Estado encomendando a la Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo para implantar políticas derivadas del Consenso de Bruselas, adaptación del Consenso de Washington en Europa”. La liquidación del Estado del Bienestar es la finalidad del proyecto neoliberal “desde Maastricht hasta el Tratado de Estabilidad Presupuestaria”. Eso sí, creo que no se habla suficiente de las consecuencias del pacto fiscal. Se ha fijado el 2020 como fecha tope para que nuestro país reduzca la deuda al 60% del PIB y el déficit al 3%, consumando la regla de oro del déficit estructural cero. Es imposible cumplir ese objetivo sin nuevos (y brutales) recortes. Ni Podemos ni IU plantean la nacionalización de la banca ni un debate público sobre el euro, con la posibilidad de un referéndum vinculante que permita abandonar la moneda común, si la mayoría de los ciudadanos se pronuncia en ese sentido.

LA TORTURA EN EL ESTADO ESPAÑOL





¿Por qué dividir el voto de izquierdas con una nueva fuerza política como Podemos? Solo hay dos motivos de peso: la corrupción y la necesidad de empoderar a los ciudadanos. Podemos puede agitar la bandera de la lucha contra la corrupción, pero hasta ahora no ha gobernado y se libra de cualquier juicio en ese sentido. En cuanto a la necesidad de empoderar a los ciudadanos, ya he señalado que se está marginando a los círculos de los centros de decisión, liquidando el modelo asambleario. Podemos mantiene un perfil más tibio que IU en cuanto a la forma del Estado, sin pedir abiertamente un referéndum entre Monarquía y República y, además, rehúye la terminología clásica de la izquierda, sin atreverse a realizar una defensa enérgica del laicismo, el antifascismo o la memoria histórica. No me parece tranquilizador que Pablo Iglesias se codee con figuras como Carlos Jiménez Villarejo, nombrado en 1962 fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona. En 1962, la dictadura detuvo a Julián Grimau, miembro del comité central del PCE en la clandestinidad. Brutalmente torturado en la DGS, fue condenado a muerte y fusilado el 20 de abril de 1963. El 17 de agosto se ejecutó con garrote vil a los anarquistas Joaquín Delgado Martínez y Francisco Granados Mata por un atentado que no habían cometido. Villarejo no dijo nada y también guardó silencio cuando el Tribunal de Orden Público enjuició y condenó a la cúpula de CC OO a 20 años de cárcel. Ahora ha denunciado en el Parlamento Europeo la persistencia de la tortura en España, citando 79 procesos penales abiertos en 2013, la mayoría en el País Vasco. 33 europarlamentarios han respaldado la iniciativa. Entre ellos, se encuentran representantes de Izquierda Plural, Bildu, el Sinn Féin y Syriza. Curiosamente, se ha citado como prueba la sentencia de la Audiencia Nacional del 14 de mayo de 2014, absolviendo a 36 jóvenes vascos acusados de pertenecer a ETA. La sentencia señala la “invalidez de las pruebas obtenidas bajo tortura”, estableciendo como probado que los agentes de la Guardia Civil emplearon “métodos coercitivos y de compulsión como la violencia física, las amenazas y la coacción directa e indirecta”. La Audiencia Nacional admite que se emplearon golpes, amenazas y privación de sueño. Pablo Iglesias ha denunciado la impunidad de los agentes policiales en España y el “insuficiente control judicial” de los derechos de los detenidos. Aplaudo su valentía, pero no entiendo que utilice para esta batalla a Villarejo o que se fotografíe con  Baltasar Garzón, ex juez de la Audiencia Nacional y responsable de la aplicación del régimen de incomunicación en infinidad de ocasiones. Su fama de represor y cómplice de torturas ha provocado que varias de sus conferencias en el extranjero hayan sido frustradas por escraches. Nunca olvidaré las palabras de Martxelo Otamendi, director de Euskaldunon Egunkaria, relatando su detención en 2003. Cuando el juez Juan del Olmo ordenó su incomunicación, un agente de la Benemérita con pasamontañas le dijo: “Olvídate de tus derechos. Esto es la Guardia Civil”. En esos cinco días, Otamendi sufrió un simulacro de ejecución, la bolsa –que produce síntomas de asfixia-, vejaciones sexuales, privación de sueño, golpes, humillaciones, amenazas de ser sometido a descargas eléctricas. Absuelto por la Audiencia Nacional en 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español en 2012 por no investigar con suficiente rigor la denuncia de torturas. Otamendi ha descrito a la Guardia Civil como “un Estado dentro del Estado” y conviene recordar (y no olvidar) que la Audiencia Nacional es la prolongación institucional del infame Tribunal de Orden Público. Celebro que Podemos haya denunciado la persistencia de la tortura en España y, al igual que Pablo Iglesias, creo que la violencia de ETA tiene “explicaciones políticas”, lo cual no significa que no condene su actividad armada. Cuando Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, invitó al joven político a repetir la frase “los etarras son unos asesinos”, Pablo Iglesias se defendió con bastante elocuencia, pero tal vez debería haberle contestado que “el Partido Popular es la creación de un asesino”, el abominable Manuel Fraga y que ni ella ni cualquier otro miembro de su partido tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos. Me permito mencionar una anécdota banal, que muestra hasta qué punto el tema de la tortura es un tabú en España. Hasta ahora me han hecho pocas entrevistas, pero en una de ellas el medio –no el periodista- con el que hablé, suprimió mis declaraciones sobre la tortura, donde citaba las reflexiones del prestigioso antropólogo forense Francisco Etxeberria, que acusa a jueces, fiscales y forenses de complicidad y encubrimiento. Esto es España, el país del Valle de los Caídos y los 200.000 desparecidos.





EL HUMOR Y LA POLÍTICA


Cuando he cuestionado el proyecto político de Podemos, algunos han rebatido mis dudas con argumentos. No pretendo tener razón en todos los casos. Ni siquiera en la mayoría de las ocasiones, pero defiendo mi derecho y el de cualquier otro ciudadano a manifestar mis dudas. Acepto las críticas, pero no los insultos, especialmente cuando explotan mi condición de bipolar. He publicado un libro titulado Miedo de ser dos relatando mi experiencia con la enfermedad, que Juan Carlos Monedero reseñó en La Marea, y me he apuntado al Círculo Podemos Discapacidad para ser informado de sus actividades. Entiendo que los simpatizantes de Podemos que han utilizado mi confesa bipolaridad para descalificarme violan el código ético de un proyecto político, donde no hay espacio para ningún tipo de discriminación. Pablo Iglesias es un político y su actividad incluye ser blanco de sátiras y objeciones. Su obligación es persuadir, convencer, rebatir y aceptar con buen humor las chanzas de periodistas, caricaturistas y blogueros. No sé si todos sus seguidores comprenden este hecho. Podemos no es ni debe ser Pablo Iglesias, pues teóricamente nace del espíritu asambleario del 15-M, que combatió los personalismos y los liderazgos carismáticos. Para finalizar, creo que actualmente hay dos frentes abiertos contra la barbarie neoliberal: las iniciativas ciudadanas (centros sociales autogestionados, escuelas libres, asambleas, actos solidarios, manifestaciones, huelgas) y las iniciativas políticas. Las fuerzas políticas de izquierdas deberían acompañar a las iniciativas ciudadanas, sin rentabilizarlas en su beneficio, y confluir en una amplia coalición para ganar las próximas elecciones municipales y generales, estableciendo un acuerdo de mínimos. Podemos debería hacer pedagogía política y despejar cualquier duda sobre sus principios y funcionamiento, manteniendo un diálogo permanente con partidos afines. Si prospera la división entre la izquierda, perderán los parados, las familias desahuciadas, los niños malnutridos, los pensionistas, los inmigrantes, los jóvenes. Es decir, “los de abajo”. La prioridad es acabar con su sufrimiento, construyendo un futuro alternativo. Todos los que se desvíen de ese objetivo, serán cómplices de la inhumanidad reinante. La política no se hace con estrategias, sino con convicciones y el primer paso es dejar claro la posición ideológica. Ser de izquierdas no es un anacronismo, sino un compromiso con un porvenir sin injusticias ni desigualdades.




RAFAEL NARBONA

viernes, 24 de octubre de 2014

ESPAÑA SIGUE SIENDO DIFERENTE

(Ensayo sobre una peculiaridad)

Por Pedro Taracena

HEMEROTECA

Aitor R. E. es el primer condenado en España por difundir ideas que niegan el genocidio a través de internet. Una juez de Barcelona le ha condenado hoy a dos años de prisión, después de que el acusado aceptara el delito, lo que ha supuesto una sentencia de dos años, frente a los cuatro que le reclamaba el fiscal. Aitor R., según la acusación, gestionaba dos webs desde las que difundía la ideología nacionalsocialista e «ideas y comportamientos claramente antisemitas y racistas», defendiendo la necesidad de instaurar el régimen del Tercer Reich. 

El régimen que España padeció desde 1939 a 1978 fue una sangrienta dictadura responsable de un genocidio que estuvo planeado desde la tarde del 17 de julio de 1936 y consumando hasta 1975. Esta ausencia del Estado de Derecho se ha enmascarado de muchas formas: Alzamiento Nacional, Santa Cruzada de Liberación, Democracia Orgánica, Movimiento Nacional, Todo ello al servicio del lema de: ESPAÑA, UNA GRANDE Y LIBRE. Falange Española, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el Capital, sin olvidar los Caciques, fueron capitaneados por el invicto Caudillo de España, que lo fue por la Gracia de Dios.




Con la muerte del dictador se instauró la Corona de España sobre las sienes del Príncipe de España, que no de Asturias, Juan Carlos de Borbón y Borbón. Según lo había prescrito y establecido el general Franco. Lejos de condenar la dictadura, por obra y gracia del consenso, palabra hasta entonces ignorada por el vulgo, la Constitución Española ignoró en su articulado el régimen despótico y dictatorial ausente de toda legitimidad; dejando impune los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su perversa legalidad.




Desde 1978 hasta nuestros días los neofranquistas han compartido hato y merienda en las mismas alforjas, con los demócratas venidos de la clandestinidad y el exilio. Como era de esperar la conversión súbita de la dictadura a la democracia, ha resultado una farsa obvia, evidente y constatable. Ahora gobiernan España los mismos que en la dictadura, donde hacer apología del genocidio franquista no se contempla como delito, porque la legalidad franquista transmutó por obra y gracia de la Santa Transición, de una terrible dictadura en una serenísima democracia monárquica como si lo fuere de toda la vida.



Este brevísimo ensayo solamente pretende dar algunas pinceladas de veracidad, para demostrar que el slogan de la época del flamante ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, de que España era diferente, sigue en vigor. Para más señas de identidad de la transición del caudillaje franquista a la democracia tutelada por los mismos secuaces del sátrapa, Fraga fue el fundador de una franquista Alianza Popular convertida en partido político y más tarde cambiada de nombre, surgiendo el Partido Popular. Esta dinastía despótica tiene vocación de perpetuarse: Franco, Fraga, Aznar, Rajoy… Y en paralelo: Francisco Franco y Don Juan de Borbón, que los dos apoyaron el golpe de estado que derrocó la República, convinieron restaurar el Reino de España e instaurar la Corona en la persona del nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos I. No olvidemos que Franco disponía de un Consejo del Reino y que a su muerte, ocupó la sede vacante el Consejo de Regencia. Franco utilizó a Falange Española y de la JONS,  versión española del fascismo imperante en Europa, para implantar una dictadura y un estado confesional. También se hizo llamar Caudillo de España.





En nuestro entorno europeo, evidentemente la historia se escribió de otra forma:
En Francia, uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa  en cuanto a definir los derechos personales y colectivos como universales, fue La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la  Asamblea Nacional Constituyente el 26 de agosto de 1789, influenciada por la doctrina de los derechos naturales. Los Derechos del Hombre se entienden como universales, válidos en todo momento y pertenecientes a la naturaleza humana. Después de la Revolución Francesa ya nada fue igual; prevaleciendo los valores de la República que tuvieron repercusión universal.





Alemania, con el fin de la 2ª Guerra Mundial fue liberada del nazismo. El saldo fue 55 millones de muertos y un continente sepultado bajo escombros en una de las mayores catástrofes de la humanidad. El holocausto fue un genocidio de tal magnitud que su negación supone un delito y hacer apología del nazismo está penado por la ley. Adolf Hitler fundó el nacionalsocialismo, denominado de forma más popular como Nazismo, y se hizo llamar como el Führer.




Siguiendo con nuestro entorno histórico y geográfico, el 25 de abril de 1974, un alzamiento militar incruento puso fin en Portugal al régimen dictatorial conocido como Estado Novo, fundado en 1932 por Antonio de Oliveira Salazar. El general António de Spínola se convirtió en presidente de una Junta de Salvación Nacional encargada de llevar la democracia al país. Una consecuencia del final de la dictadura sería la independencia de las últimas colonias portuguesas en África. La nueva república portuguesa no se edificó con los escombros de la dictadura salazarista.





Sin salir del Mediterráneo, el 8 de diciembre de 1974 se celebró en Grecia el referéndum sobre la Monarquía. Su convocatoria fue una de las primeras decisiones del Gobierno de Constantinos Caramanlis, que había ganado el 17 de noviembre del mismo año las primeras elecciones generales celebradas en Grecia desde 1964. La campaña del referéndum fue libre y políticamente neutral. El rey Constantino se dirigió al país por televisión, desde Londres, en dos ocasiones, y admitió que había cometido en el pasado errores políticos y que respetaría el resultado de la votación. El 13 de diciembre de 1967, tras protagonizar un contragolpe militar contra los coroneles, Constantino huyó a Roma. Grecia salió de una dictadura militar y en lugar  de restaurar la monarquía, el pueblo eligió vivir en una República.






España es el único país del mundo civilizado en el cual se ha dado un golpe de estado contra una República legítimamente constituida, se ha justificado una guerra civil de tres años, una dictadura de treinta y nueve años y una democracia de treinta y seis años. No obstante, lejos de cerrar heridas se han abierto más y la reconciliación nacional es una quimera por resolver. Una aparte de la Constitución ha quedado obsoleta y la otra ha sido fosilizada por los herederos de la dictadura. España ha traicionado a las víctimas del genocidio franquista y está sufriendo una amnesia frente a su propia Memoria Histórica. Las autoridades venidas de la dictadura hacen apología de los crímenes de la dictadura y a los díscolos y discrepantes con sus criterios sobre el terrorismo, les aplican el artículo que condena la incitación al odio y a la violencia. España es diferente, pero no por mucho tiempo…


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Por Pedro Taracena