miércoles, 24 de diciembre de 2014

DISCURSO DEL REY CENSURADO POR EL GOBIERNO



Felipe VI

En esta noche tradicionalmente entrañable, es mi deseo transmitíos algunos sentimientos como Rey de España. Es de público conocimiento que he heredado la institución monárquica, con algunos aspectos nada despreciables, que ponen en duda la misma legitimidad del Rey, aunque así lo establezca la Constitución Española de 1978.
Es mi voluntad desde la independencia que me otorga la Jefatura del Estado, a título personal, expresar mi opinión llenando lagunas históricas que espero colaboren a la reconciliación de todos los españoles:
En primer lugar no veo motivo legal para no reconocer a la II República Española, con la misma legitimidad que nuestra actual Carta Magna, y celebrar el 14 de abril como fecha histórica a conmemorar.
El Rey de España no puede permanecer ni un día más sin condenar el golpe de estado de 1936 y la dictadura padecida por España de 1939 a 1978. De este modo la Corona se autoexcluye de las opciones políticas que no lo hacen.
Por este motivo de igual forma que el Rey recibió a todas las víctimas del terrorismo, está decidido a escuchar  a todas las organizaciones que representan la Memoria Histórica.
Aunque el Rey de España no tiene opción política, Felipe VI sí tiene sensibilidad humanística percibida por la época que le toca vivir. Y contempla como un ciudadano más, que la política y la Constitución han dejado de estar al servicio de los españoles. Para ello insto al Gobierno a que gobierne escuchando al pueblo cuando reclama la resolución de sus miserias: hambre, paro, desahucios, falta de asistencia médica, educación cercenada y muerte…
Ante el procesamiento de la infanta Cristina, mi voluntad es dejar a la justicia que siga con la impecable instrucción judicial emprendida.
Deseo ser un rey constitucional pero no un rey mudo e insensible ante las adversidades que padecen los hombres. El rey reina pero no gobierna, pero está al servicio de los ciudadanos y no pretende estar amordazado por el Gobierno de turno.
A todos, felices fiesta y feliz año 2015.  

Por Pedro Taracena Gil





domingo, 21 de diciembre de 2014

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO VERSUS FISCAL GENERAL DEL GOBIERNO


Por Pedro Taracena

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931






Artículo 97. El Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General de la República estarán agregados, de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión Parlamentaria de Justicia, sin que ello implique asiento en la Cámara.
Artículo 104. El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.
Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración de Justicia.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978




Artículo 124.
1. El Ministerio Fiscal, sin prejuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
Este artículo dispone de 4 apartados, en todos ellos se refuerza la legalidad e imparcialidad, pero el tercer apartado dice que: La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Y aquí es donde al margen del espíritu constitucional, el Fiscal depende jerárquicamente del Gobierno.





Cada día nos despertamos con un nuevo caso de corrupción generalizada, por mucho que quiera mantener el Partido Popular y el Gobierno que la corrupción no está entre sus filas, sino que está en los ciudadanos, como si los populares fueran extranjeros. Pues del mismo modo Rajoy nos comunica un embuste diario engordando la gran mentira sobre la cual se cimenta su política. El fiscal General del Estado ya venía denunciando presiones por parte del Gobierno, que cercenaban su independencia del Ejecutivo. Pero la alusión del propio Eduardo Torres-Dulce, que en el escrito en el cual presenta su dimisión alude a cuestiones personales, el Gobierno aprovecha torticeramente para desligar que haya sido su persona la que se haya visto directamente afectada por la presión de Rajoy y de sus secuaces. Es decir que esa cuestión personal puede ser cualquier afección menos la presión directa ejercida sobre su persona por la jerarquía a la cual debe obediencia. El que el Fiscal dependa del Gobierno no quiere decir que siendo legal sea justo y menos constitucional. Fue una cuestión metida con calzador para adaptar los preceptos de la Constitución a La Casta. Hablar de La Casta es lo mismo que hablar de los responsables de la Santa Transición en connivencia con la tutela franquista y del nacionalcatolicismo.





Para los socialistas está siendo cada instante más insoportable el evitar la ruptura del pacto consensual de la Transición. Los errores cometidos por el bipartidismo a lo largo de estos treinta y seis años, ahora hacen insostenible el presentarse ante el pueblo que viene marchando desde el 15-M bajo el lema de: “No nos representan” y “Democracia real, ya”. La corrupción y el fraude constitucional están provocando una huida hacia adelante buscando complicidad entre todos los miembros de La Casta, contra PODEMOS. Utilizando la descalificación y la calumnia. Tachando sus políticas de demagogia y populismo. De antisistema, comunistas de extrema izquierda, chavistas bolivarianos y castristas. De todas formas La Casta sabe que estos argumentos son menos contundentes que si hablamos de políticas criminales que causan muertes.  De violadores de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución. De mutiladores del principio universal de la justicia. De haber dado prioridad a la deuda soberana dejando al pueblo en la miseria, el hambre, el paro, el desahucio y la muerte.





Pero ellos, los de La Casta, saben que tienen los días contados y todo es posible, todo puede cambiar y otras alternativas tienen que asistir a la Europa de los Mercaderes. Cada vez aumenta más la gente que milita en las mareas del Arco Iris. El pueblo no necesita la experiencia de gobierno que tienen los políticos de la transición. Yo personalmente y muchos otros ciudadanos exigimos que esta nueva generación de políticos tengan la oportunidad de cometer sus propios errores durante otros treinta y seis años… Eso sí, con una Constitución reformada al margen del franquismo: libre, laica y democrática y si el pueblo lo quiere, republicana.






domingo, 14 de diciembre de 2014

MANIFIESTO POR UNA DEMOCRACIA SOBERANA



ESCULTURAS PARA EL RENACIMIENTO


Publicado en: dic 13 2014 - 11:36am por IDP

Los abajo firmantes, miembros de IU con una larga ejecutoria de militancia en la misma, nos dirigimos tanto a nuestra organización como al resto de organizaciones, políticas, sociales, colectivos, plataformas y movimientos que luchan por cambiar la situación económica, social y política de nuestro país. Y lo hacen en aras de un horizonte de Derechos Humanos plenos y generalizados a toda la población española. También nos dirigimos de una manera especial al conjunto de la ciudadanía que, sin estar organizada, comparte la necesidad de implicarse en esta situación de excepcionalidad y desea aportar su esfuerzo a la tarea común de buscar salida a este estado de postración en el que vivimos. Partimos de la convicción de que es urgente poner en marcha un proceso de amplísima base popular capaz de abordar inmediatamente la satisfacción de las necesidades más urgentes de la población a la vez que siente las bases para un proyecto de regeneración nacional mediante el impulso de un proceso constituyente que ponga los fundamentos sobre los que asiente un proyecto económico, social, político y ético que la mayoría social haga suyo.





La situación de emergencia nacional, agravada por la crisis sistémica del capitalismo, se manifiesta en los grandes problemas históricos que la Transición y el régimen salido de ella no han resuelto y que ahora se presentan de manera perentoria: la consecución de un Estado Social y Democrático de Derecho, la construcción de un Estado capaz de servir como marco común de convivencia, justicia, solidaridad y garantías democráticas a las naciones y territorios que componen España, la plasmación efectiva de un Estado laico y la explicitación expresa de la voluntad de la soberanía nacional en torno a la forma de Estado: República o Monarquía.




Esta coyuntura que acabamos de describir referida a los problemas seculares no resueltos, se agrava como consecuencia de cinco procesos de creciente degradación a lo largo de las últimas décadas: la pérdida de Soberanía Nacional como consecuencia de la cesión de la misma a entidades e instituciones de la UE que, carentes de origen democrático, imponen políticas económicas atentatorias contra los derechos y principios reconocidos en la Constitución. Las decisiones y directrices de organismos internacionales (FMI, OCDE, BCE, BM) que, de manera hipócrita, lamentan las consecuencias sociales de las políticas que imponen pero continúan exigiéndolas con insistencia. La pérdida de horizonte y de futuro para la juventud española, una pérdida que supone la desaparición progresiva de España como sociedad con entidad propia sin que, a cambio, se instituya un poder político trasnacional que garantice lo que la Constitución reconoce. La entronización de la corrupción como un hábitat económico, mental y de contravalores en la que un Estado paralelo de mafias se ha instalado en los tres Poderes del Estado oficial y en las más altas magistraturas del mismo. Y por último las inminentes consecuencias del Acuerdo Transatlántico de Comercio (TTIP en siglas inglesas) en que con tanto sigilo y oscuridad están negociando USA y la UE. Unas consecuencias que afectarán a pymes, comercio minorista y trabajadores en general porque los intereses de la mayoría se subordinan a una concepción de la sociedad inaceptable.




Afortunadamente y de un tiempo acá, la anomia social y el desinterés que como caldo de cultivo han promovidos tanto por el discurso oficial como por los mecanismos de reproducción ideológica dominantes, se han ido transformando en una creciente contestación social organizada de una y mil maneras diversas que han conseguido, aunque todavía sin la cohesión necesaria, establecer una situación en la que el orden del día ya no está dictado unilateralmente por las iniciativas del poder y su plasmación política: el bipartito y adheridos coyunturales. En este proceso de creciente auto-organización cívica se contiene el germen de la energía que con la de otras instancias sociales, políticas y culturales pueda poner en marcha y desarrollar el proceso constituyente al que ya aludimos y que no es otra cosa que la formación de un contrapoder popular como alternativa de Estado plenamente democrático.




Saludamos y sentimos como algo propio las expectativas electorales que se abren para determinadas fuerzas políticas que comparten con nosotros los mensajes de cambio, de transformación, de construcción de otro país democrático, justo, ético y digno. Pero, y precisamente por ello, nos sentimos obligados a hacer una reflexión que conduce a una propuesta. El Poder y su expresión política, el bipartito, saben perfectamente que los triunfos electorales pueden ser flor de un día si tras ellos no hay una fuerza cívica cohesionada que traduzca la victoria electoral conseguida en Poder cívico que se erija en la Constitución Material capaz de culminar el proceso constituyente. Y esa precisamente es la motivación que nos mueve al redactar estas líneas. En consecuencia:




Hacemos un llamamiento a nuestra fuerza política, a las demás fuerzas que compartan con organizaciones, movimientos, plataformas, frentes, colectivos, etc. el proyecto de cambio democrático profundo. Un cambio democrático que no lo será sin transformaciones en la economía, en el funcionamiento de las instituciones, en la política internacional, pero sobre todo, si no se acometen de inmediato medidas que palien la dramática situación de una mayoría de españoles y españolas. Sobre ese cañamazo de medidas urgentes, inmediatas, perentorias se debe tejer la fuerza social que, en su momento, lleve al cambio con un Estado Federal Republicano y Solidario y con una Soberanía Nacional recuperada y ejercida en todos los ámbitos.




No pretendemos, porque no confundimos los deseos con las realidades, promover una alianza electoral inmediata en torno a un programa de regeneración en todos los órdenes, pero sí creemos que desde ya puede procederse a poner a punto una sintonía que en momento la haga factible. Pero si aún esto no fuera, por desgracia, posible, se debería llegar a un acuerdo explícito para el día siguiente del hecho electoral. Para ello se hace imprescindible que todas las fuerzas y colectivos referenciados, absolutamente todos, pongan sus esfuerzos en paralelo con el compromiso de que tras el acuerdo, la negociación y, con la vista puesta en lo que nuestro pueblo demanda, se concrete la base económica, social, política y ética inherente a los contenidos del proceso constituyente.




De la misma manera hacemos un llamamiento a la ciudadanía que no milita aún, no participa o simplemente tampoco asiste a la convocatoria de actividades ciudadanas tendentes a resolver los problemas que nos afectan, para que cambie de actitud y considere que ahora o nunca. El futuro de los hijos y nietos así como el nuestro propio, no pude descansar sobre los hombros de los más concienciados sino de la inmensa mayoría que sufre la situación.




Pero no sería de recibo ni honesto tampoco, el que nos limitásemos a demandar a los demás un esfuerzo y una capacidad de supeditar los intereses particulares al interés general de la mayoría social si por nuestra parte no diésemos ejemplos. En IU se ha iniciado un proceso de cambio que todo el mundo considera necesario. La política de confluencia y convergencia aprobada desde hace tiempo es justa y acorde con los tiempos. Sin embargo se imponen dos medidas que, a nuestro juicio, darán credibilidad y profundidad a nuestra política, por una parte, y por otra nos darán la autoridad moral para pedir a los demás la que en este escrito demandamos. La primera consiste en simultanear el desarrollo de la política de convergencia con la renovación de la direcciones en todos los niveles y al ritmo conveniente. La segunda no es otra que poner fin al gobierno conjunto en Andalucía y marcar con más claridad nuestra condición de oposición en Extremadura. Si se abomina del bipartito, por las razones que todos compartimos, la existencia de situaciones que desmienten en los hechos nuestras críticas, no puede ayudar a pedir a los demás lo que le estamos pidiendo en orden al cambio profundo.




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(*) Primeros firmantes: Julio Anguita González, Ramón Franquesa Artés, Antonio Herreros Herreros, Héctor Illueca Ballester, Sebastián Martín Recio, Manuel Monereo Pérez, Pedro Montes Fernández, Diosdado Toledano González. Javier Aguilera Galera, Pedro Antúnez Marín, Mariano Aragón Pascual, David Arrabalí Campos, Andoni Basterra Urrutia, Javier Bernad Aguilar, Víctor Casco Ruiz, Manuel Colomer i Lluch, Jorge Cortegana López, Yolanda Diaz Pérez, Albert Escofet Sánchez, Rafael Escudero Alday, Santiago Fernández Vecilla, Jorge García Castaño, Margarita González Jubete, Alberto Herbera López, Pedro Jiménez Muñoz, Salvador Jové Peres, Antoni Luchetti Farré, Jose Manuel Martín Medem, Hugo Martínez Abarca, José Martínez Coy, Encarna Milla González, Neus Molina Moreno, Agustín Moreno García, Rosana Montalbán Moya, María Dolores Nieto, Araceli Ortiz Arteaga, Gumer Pardo i Peiró, Carmen Pérez Carballo, Franz Pérez Esteban, Pepa Polonio Armada, Clara Rivas Sugrañes y Enrique Santiago Romero.